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Breve recorrido a través de las Constituciones Españolas

Desde “La Pepa” hasta la Constitución española de 1978


Constitución Española de 1978

A lo largo de toda su historia, España ha contado con la existencia de 8 constituciones, entendiendo este término como “la ley fundamental de un Estado, con rango superior al resto de las leyes, que define el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos y delimita los poderes e instituciones de la organización política”.


La primera de ellas fue aprobada en Cádiz el 19 de marzo de 1812, y es conocida como “La Pepa”, por su aprobación el día de San José. Esta primera constitución se desarrolló durante la etapa de la invasión francesa de España, y es considerada como una de las constituciones más liberales de la época. A través de ella se pasó de una soberanía que recaía únicamente en el rey a una soberanía nacional, estableciendo una monarquía constitucional con separación de poderes y sufragio universal masculino. Además, el Estado estaba definido como un Estado confesional católico. Entre sus artículos más destacados se encontraba el número 6, que establecía que “el amor de la Patria es una de las principales obligaciones de todos los españoles y así mismo, el ser justos y benéficos".


Durante el periodo histórico en el que estuvo vigente la Constitución de 1812 nacieron algunos clásicos gastronómicos de nuestro país, como la tortilla francesa, que recibe este nombre debido a la escasez de patatas que se produjo en esos años, por lo que las tortillas se elaboraban únicamente con huevo. En este contexto surgió también la lotería, como una forma de incrementar los ingresos públicos, y el primer sorteo se llevó a cabo quince días antes de la proclamación de la constitución.


Aprobación de la Constitución de 1812. Fuente: National Geographic

En el año 1834, tras la muerte de Fernando VII, lo que significó el fin del periodo absolutista, se aprobó un Estatuto Real. Tras la muerte del monarca, quien ocuparía el trono sería su mujer María Cristina de Borbón, ya que su hija Isabel II se encontraba en minoría de edad y no podía reinar. A lo largo de estos años, tuvo lugar la Primera Guerra Carlista, entre los partidarios de María Cristina y los defensores de Carlos María Isidro de Borbón, hermano de Fernando VII, que estaban en contra de la derogación de la Ley Sálica, que permitiría a Isabel II acceder al trono. Este Estatuto Real pretendía contentar tanto a progresistas como moderados.


Algunos años más tarde, ya en 1837, se estableció una nueva constitución, aprobada por unas cortes con mayoría progresista, y que estableció un sistema parlamentario similar al francés. En 1845, esta constitución fue reformada por los moderados, pero no hubo ningún proceso constituyente de por medio.


La siguiente constitución fue aprobada en el año 1869, y tuvo un marcado corte liberal. Se aprobó en el contexto de la llegada a España de Amadeo de Saboya, el cual tuvo un reinado corto, ya que años más tarde se proclamaría la 1ª República Española, durante la que se llevó a cabo un proyecto de constitución federal que no tuvo éxito. La Constitución de 1869 no logró consolidarse por la Guerra de Cuba y la Tercera Carlista. Ya en 1876, y de la mano de Cánovas del Castillo, las Cortes Constituyentes elegidas por sufragio universal aprobaron una nueva constitución, que estaría vigente durante el reinado de Alfonso XII y todo el periodo de la Restauración.


Una de las constituciones más importantes de la historia de España fue la Constitución de 1931. Tras la victoria republicana en las elecciones municipales de 1931 y el exilio de Alfonso XII, se proclamó la 2ª República Española el 14 de abril. El 9 de diciembre de ese mismo año se aprobó una constitución que estableció notables avances como la separación entre la Iglesia y el Estado, la liberta de conciencia y de culto, el divorcio y la igualdad entre todos los ciudadanos, recogida en el artículo 2 que establecía que “todos los españoles son iguales ante la ley”. Dicha constitución definía a España en su artículo primero como una “república de trabajadores de todas clases”, apostando por la protección hacia los trabajadores del Estado. De esta manera, se estableció un Estado integral centralizado, pero con ciertas regiones autónomas. Por otro lado, se abogó por un sistema bicameral compuesto por el Congreso y el Senado, y con una separación entre el jefe del Estado y el jefe del Gobierno. En resumen, la Constitución de 1931 estableció un régimen democrático que reconoció las libertades políticas y derechos sociales y sentó las bases para las grandes reformas que formaban parte del programa republicano.


Constitución republicana de 1931. Fuente: Congreso de los Diputados

Durante el Franquismo, se derogó la constitución republicana y se aprobaron las Leyes Fundamentales del Reino. Se trataba de una carta otorgada, ya que no procedía del ejercicio de la soberanía nacional, y estaba compuesta por 7 leyes.


La muerte del dictador trajo consigo un proceso de transición que culminó con la Constitución de 1978, ratificada el 6 de diciembre de ese mismo año en referéndum, y que supuso la conversión de España en un Estado Social y Democrático de Derecho a través de una monarquía parlamentaria. La actual constitución cuenta con un total de 169 artículos, siendo una de las constituciones más extensas del mundo, aunque aún lejos de los 384 artículos que conformaban la primera constitución española, la de 1812. Cuenta con un preámbulo escrito por Enrique Tierno Galván, el histórico alcalde de Madrid, y fue redactada por los 7 padres de la Constitución: 3 de UCD (Gabriel Cisneros, Rodríguez de Miñón y José Pedro Pérez-Llorca), 1 del PSOE (Gregorio Peces Barba), 1 del PCE (Jordi Solé), 1 del AP (Manuel Fraga) y 1 de Minoría Catalana (Miquel Roca). En el referéndum de ratificación, el 88,6% de los españoles con derecho a voto dieron el sí a la aprobación del Proyecto de Constitución.


La Constitución de 1978 solo se ha visto modificada en dos ocasiones desde su entrada en vigor. La primera en el año 1992 debido a la firma del Tratado de Maastricht, viéndose España obligada a reformar el artículo 13.2. La segunda modificación tuvo lugar en el año 2011, cuando se modificó el polémico artículo 135 para satisfacer los intereses de la Unión Europea.

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