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Condenado a 3 años de prisión Pedro Antonio Sánchez, expresidente de Murcia

El expresidente de la Región de Murcia ha sido condenado a 3 años de prisión al ser considerado por la Audiencia Provinicial de Murcia culpable de prevaricación y falsedad

Pedro Antonio Sánchez a su llegada a la Audiencia Provincial de Murcia. Juan Carlos Caval.

La Audiencia Provincial de Murcia condenó el pasado lunes a Pedro Antonio Sánchez a tres años de prisión, una multa de 3.600 euros y 17 años y 3 meses de inhabilitación por acometer dos delitos de prevericación, uno de ellos con continuado concurso de falsedad, en relación con el proyecto del auditorio de Puerto Lumbreras, localidad murciana de la cual fue alcalde.


El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha considerado culpable al expresidente por encargar al arquitecto, Martín Lejarraga, "verbalmente y sin previo expediente", las obras del auditorio municipal de Puerto Lumbreras y de esta forma "evitar la libre concurrencia de profesionales en el concurso". Esta trama gira en torno a la tramitación ilícita del proyecto del auditorio de la localidad murciana, el cual se puso en marcha en 2006 y cuya financiación del mismo fue costeada por la Comunidad Autónoma, suponiendo una subvención de seis millones de euros en las obras del mismo.


De igual forma, el tribunal ha condenado a la pena de inhabilitación especial, por ser considerados como cooperadores necesarios en la trama, a la que fuera secretaria accidental del Ayuntamiento, Caridad García, y al arquitecto de dicho proyecto, Martín Lejarraga.


El tribunal, en referencia al delito de prevaricación, corrobora que una vez concedida dicha subvención, el arquitecto detecta "que existía inviabilidad técnica y económica en la ejecución del proyecto", esto se lo comunica al entonces alcalde de la localidad murciana y, junto con la ayuda de la funcionaria municipal, "convinieron la confección de un proyecto modificado que permitiera justificar ante la Comunidad Autónoma la inversión de la subvención e impedir el reintegro, aunque ello supusiera dejar la obra inacabada".


Según lo que se puede leer en la sentencia de más de 150 folios, el encargo verbal se completó con la redacción por parte del arquitecto acusado del 'Anteproyecto de Teatro Auditorio' en junio de 2006 y el posterior 'Proyecto Básico de Teatro Auditorio' de noviembre del mismo año, a construir en una parcela de la Ribera Sureste de la Rambla de Nogalte, con un presupuesto de ejecución de 6 millones, el cual fue subvencionado por el gobierno de la Comunidad Autónoma. En este proceso, ningún otro arquitecto pudo participar y proyectos que, según prueba la sentencia, no tuvieron "entrada de registro en el Ayuntamiento y tampoco estaban visados por el Colegio de arquitectos".


En diciembre de 2006, el entonces alcalde, tras ser informado de la concesión de la subvención autonómica remitió una comunicación a la Comunidad Autónoma aceptándola, acompañada de los dos proyectos citados anteriormente y de una comunicación sobre la disponibilidad de una parcela para ubicar dicha obra. “Sin embargo, no consta ningún convenio aprobado, ni inscripción en el Registro de convenios urbanísticos sobre la citada parcela, ni expediente alguno tramitado al efecto”, indica la sentencia.


En enero de 2007 se hizo publico en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el Decreto del Consejo de Gobierno por el que se reglaba "la concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de Puerto Lumbreras para la financiación de la totalidad de las obras de Construcción de Teatro Auditorio en Puerto Lumbreras según el anteproyecto redactado por el arquitecto D. Martín L., con un presupuesto de 6.000.000 euros". Resalta que en ese momento, no existiera ningún tipo de expediente que acreditara que el acusado hubiera sido contratado por el Ayuntamiento, explicaba el juez.


Debido a las quejas realizadas por el Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia de que existiera un proyecto sin que hubiera habido concurso previo, "el alcalde procedió a tramitar un concurso de proyectos para dar ropaje de aparente legalidad a los actos anteriormente ejecutados y dirigidos a subsanar la contratación verbal y directa del arquitecto", expresa la resolución. De esta forma, el 17 de diciembre, el acusado firmó el Pliego de Bases Generales del Concurso de Proyectos para el Auditorio Municipal. "Obviamente, de forma tardía; tanto, que el propio acusado Martín Lejarraga manifiesta que le sorprendió que se convocara el concurso". En este punto, el tribunal considera que "los acusados Pedro Antonio Sánchez y Caridad G. Vidal hicieron lo posible para evitar la libre concurrencia de profesionales en el concurso".


Pedro Antonio Sánchez, Caridad García y Martín Lejarraga. Juan Carlos Caval

Por todo ello, el tribunal concluye que “la resolución del concurso de proyectos sí estaba previamente decidida” y constata que entre el alcalde y el arquitecto “existió un acuerdo para que el segundo fuera realizando los proyectos necesarios para solicitar la subvención”. De igual modo, es acusada la secretaria municpal accidental "por no haber puesto reparo alguno" y "emitir múltiples informes y obviando su condición de garante de la legalidad".


Pedro Antonio Sánchez ocupó el puesto como alcalde, del Partido Popular, de Puerto Lumbreras entre 2003 y 2013. En las elecciones autonómicas del 2015, fue candidato del Partido Popular a la Asamblea Regional de Murcia, quedando tan solo a un escaño de la mayoría absoluta. Sánchez fue presidente de Murcia entre 2015 y 2017, renunciando finalmente a su puesto. Este caso, junto con su imputación en una ramificación del caso Púnica, propició la dimisión como presidente de Murcia de Pedro Antonio Sánchez en abril de 2017.


El actual presidente de Murcia y sucesor de Pedro Antonio Sanchéz, Fernando López Miras, ha mostrado su "respeto por la decisión de la justicia", sin realizar ningún tipo de comentario al respecto. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado, de igual forma, su “respeto” por la decisión judicial. “Lo que habrá que hacer exclusivamente es cumplirla, o recurrirla. No hay más. El afectado sabrá lo que tiene que hacer. Lo que está claro es que es una sentencia de la Audiencia Provincial y tiene un enorme valor”, afirmo el lider de la oposición.



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