El paciente con mayor lista de espera: la Justicia
El bloqueo de los órganos judiciales provocado por la ausencia de acuerdo político merma el valor superior de la justicia.
Habituales son, en boca de los y las españoles, exclamaciones tales como: “¡Qué lenta va la Justicia!” o “¡A este paso, para cuando haya sentencia ya estaré muerto!” o “¡Con lo que tarda en ir a juicio no me vale la pena!”. Ninguna de ellas es ajena a nosotros pues las hemos vivido en nuestras propias carnes. Sin embargo, la situación actual no da síntomas de mejoría. El lento aparato que articula el Poder Judicial ha formado un cuello de botella que ralentiza la tutela efectiva de los derechos e impide, por consiguiente, el funcionamiento de la democracia. Así ocurre que el Consejo General del Poder Judicial (en adelante CGPJ), órgano encargado del gobierno del Poder Judicial, trabaja con mandato expirado –en funciones– desde hace 4 años. Para colmo, también el Tribunal Constitucional (en adelante TC) cuya renovación depende, en parte, del primero, está bloqueado. ¿Pero por qué y, sobre todo, por quién?
Para entrar en contexto, el lector debe saber que la composición del TC está regulada en el Título IX de la Constitución española de 1978 (CE). Así, el artículo 159 de la misma estipula que será integrado por 12 miembros que deberán ser Magistrados, Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos o Abogados de “reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional.” Esto no aparenta ninguna complicación, de no ser porque 4 los elige el Congreso de los Diputados, 4 el Senado (por mayoría simple ambos), 2 el Gobierno y 2 el CGPJ. Aquí es donde entra la primera polémica. Resulta que los intérpretes de la norma constitucional, máxima norma en el ordenamiento jurídico, no son elegidos por representantes del Poder Judicial, sino por miembros de los Poderes Ejecutivo y Legislativo a los que debe controlar. Esta injerencia de ciertos órganos constitucionales en la elección de los jueces ha sido ampliamente cuestionada. Muchos y muy sonados han sido los clamores cuestionándose la posible democracia en un país donde los jueces sean elegidos por los políticos. Sin embargo, la reforma de la CE exige unos requisitos tan difícilmente alcanzables actualmente (inicio de tramitación, fase de comisión, fase de pleno, mayoría cualificada…) que esta ha dejado de ser una preocupación cuya solución sea plausible a corto plazo.
Pero si hasta ahora –desde 1978– hemos funcionado así, ¿Por qué tanto revuelo ahora? ¿No puede elegir cada una de las partes a sus respectivos candidatos y seguir adelante? Parece ser que las circunstancias indican lo contrario. Esto se debe a que, para más inri, los miembros del TC son nombrados con caducidad de 9 años y su renovación se produce en terceras partes cada 3 años, es decir, 4 magistrados cada 3 años. Siguiendo la lógica del argumento, en marzo de 2017 se renovó el tercio correspondiente al Senado, en noviembre de 2021 el tercio del Congreso y faltaría el tercio compartido entre Gobierno y CGPJ correspondiente al 12 de junio, día en que debieron dejar el cargo. La respuesta a la incógnita de la falta de actualización en el último tercio está en la problemática planteada al inicio de este artículo: el Gobierno elige libremente a sus 2 candidatos, siempre que cumplan las condiciones impuestas por la ley; no obstante, el CGPJ debe elegir sus 2 aspirantes con al menos 12 votos favorables de los 20 miembros que lo constituyen, lo que incluye también al Presidente de este órgano y, como cabía esperar, no hay acuerdo.
El CGPJ es un órgano colegiado que se regula por la Ley Órganica del Poder Judicial (LOPJ) y en esta se estipula que se compone de 21 miembros, uno de ellos el Presidente del Tribunal Supremo y los 20 restantes los llamados Vocales. Y quién será que elige a estos Ilustrísimos miembros. Como bien podía deducirse, la LOPJ determina que cada una de las Cámaras de las Cortes Generales deberán elegir a 10 de los miembros por mayoría cualificada (tres quintas partes). La ineludible consecuencia de esta también controversial forma de elección de los magistrados es que se forma en el seno del CGPJ una dicotomía entre el ala progresista y el ala conservadora. Porque para alcanzar esa mayoría en la Cámara Alta y la Baja es necesario tener muchos escaños, logro que sólo PP y PSOE han podido conseguir. El común desarrollo de los hechos en estos casos consiste en que las formaciones hegemónicas del bipartidismo, según quien ostente la mayoría parlamentaria, designan el grueso de estos integrantes y las migajas caídas al suelo de este vergonzante reparto del pastel son recogidas por nacionalistas y demás partidos de menor alcance como pueda ser IU. En su actual mandato –si bien caducado– 12 de los miembros fueron a propuesta del PP, 6 del PSOE, 1 de IU y 1 del PNV. Si se repasa lo que previamente he mencionado, esto significa una mayoría de votos para los populares que debiera posibilitar cualquier decisión. Por ironía poética o desgracia de los españoles, dos de los elegidos por el PP no están presentes en el CGPJ: uno por jubilación y la otra por fallecimiento. Volvemos al punto de partida y es que sin una mayoría que recaiga sobre una de las dos facciones del órgano de gobierno de los jueces estas no tienen intención de promover un consenso y, por consiguiente, los 2 miembros del TC que debían elegir dejan su plaza hueca hasta nuevo aviso.
Todos sabemos que en el Reino de España distamos de ser caucásicos de acuerdo simple y arreglo rápido. No hemos conocido grandes consensos por el bien de la ciudadanía, posiblemente, desde aquel 26 de julio de 1977 y ahora mismo, la situación que rodea a los órganos judiciales de nuestro sistema de Justicia tampoco aporta a cambiar dicho récord. Hemos visto recientemente que el Comisario de Justicia de la Unión Europea se “interesaba” por la circunstancia, en otras palabras, exigía soluciones inmediatas. Asimismo, hemos presenciado la dimisión del presidente del Tribunal Supremo y CGPJ, Carlos Lesmes, para no, en sus palabras, “convertirme en cómplice de una situación que aborrezco y que es inaceptable”. También hemos oído la queja de algunos partidos como Ciudadanos, que se ha alzado con una proposición de ley de reforma de la LOPJ para que la elección de los jueces sea tomada por jueces y, por tanto, despolitizada. A pesar de todo, parece que ahora contemplamos como Sánchez y Feijóo, PSOE y PP, pactan un infame reparto del Consejo con total impunidad. Cualesquiera las circunstancias que se suceden, el sistema judicial español se degrada por momentos y la Justicia permanece manoseada y maniatada, corrompida, en evidente estado de indefensión.