Guatemala: Entre la victoria popular y la resistencia del establishment
Guatemala se enfrenta a uno de los mayores retos de su democracia, luego de que el socialdemócrata Bernardo Arévalo ganase las elecciones
Guatemala es un país caracterizado por su alta inestabilidad política. Durante todo el siglo XX el país vivió una cadena de gobiernos fallidos, golpes de estado y regímenes dictatoriales que marcaron el futuro político del país.
En 1985 Guatemala rescato su democracia, luego de la caída del dictador Efraín Ríos Montt, quien fue sentenciado a 80 años de prisión por genocidio y otros crímenes de lesa humanidad cometidos ante las poblaciones indígenas y simpatizantes comunistas del país. No obstante, la caída del sanguinario dictador dejó casi intactas las estructuras políticas centralizadas y de carácter autoritario que definen al Estado guatemalteco.
Pero el centralismo autoritario no es el único mal que atañe la política guatemalteca, la corrupción ha sido otro de esos demonios que acompañan los destinos del país. Sin embargo, para entender los orígenes de la corrupción en Guatemala se tendría que hacer un largo recorrido histórico que probablemente llevará al poder que tuvo la United Fruit Company (UFCO) en el país, una transnacional estadounidense que tenía la capacidad de imponer y deponer gobiernos en la región desde finales del silgo XIX con el apoyo de los Estados Unidos.
De esta forma, desde 1985 los diferentes gobiernos que han regido en el país se han visto envueltos en infinitos escándalos de corrupción, abuso de poder e incapacidad para resolver los problemas internos de un pueblo azotado gravemente por la violencia y la inseguridad. La gravedad fue tal, que en 2006 las Naciones Unidas junto al Gobierno de Guatemala crean la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente encargado de investigar y sancionar crímenes cometidos tanto por el Estado como por cuerpos ilegales de seguridad que operaban en el país.
Desde la creación de la CICIG comenzaron a florecer los gigantescos escándalos que vinculaban a los miembros del gobierno en crímenes como homicidios extrajudiciales, malversación de fondos, contratos anómalos, entre muchos otros, elevando así la tensión política que vivía el país. El resultado de los informes de la CICIG fue un estallido político y social que tuvo inicio en 2017 cuando el entonces presidente Jimmy Morales, un outsider que no representaba los valores de la política tradicional, se vio inmerso en una serie de casos de corrupción como de financiamiento electoral ilícito que lo llevó a enfrentarse a juicios ante la fiscalía de la república y el tribunal de la CICIG
Dado tal escandalo, en 2019 el presidente Morales decide disolver unilateralmente el tratado que daba vida a la CICIG evitando así los cargos en su contra, argumentando que dicho ente se había encargado de socavar la instituciones y la soberanía del país.
El fin de la CICIG, permitió entonces la confabulación del establishment político para minar las aún más frágiles instituciones políticas. Así poco a poco, el congreso fue aprobando leyes que liberaron a los políticos y empresarios corruptos, y se atribuían nuevos poderes extra constitucionales. De esta manera nace el conocido “Pacto de Corruptos”, una alianza del establishment político que persigue como fin la impunidad de sus miembros y el control del poder y que venía gestándose desde el 2017.
El Pacto de Corruptos opera tal y como un cartel político; manipulando al poder judicial y electoral a su antojo para que le sean complacientes; persiguiendo y hostigando a jueces, políticos o periodistas que se les oponen; censuran la participación de la verdadera oposición en congreso o restringen sus participaciones; al mismo tiempo a ojos de la opinión pública se oponen al gobierno de turno pero aprueban sus leyes en el congreso y ejercen poco sus funciones de control al ejecutivo.
En este contexto se desarrollaron las elecciones presidenciales del 2023, donde casi 25 candidatos aspiraban a llegar al Palacio Verde de Guatemala. No obstante, el Pacto de Corruptos no tardó en actuar a través de sus tentáculos en el Tribunal Electoral y la Corte Constitucional, inhabilitando sin argumentos sólidos las candidaturas de Thelma Cabrera, política de ascendencia maya Mam y acérrima opositora al pacto, y la candidatura de Roberto Arzú, hijo del expresidente Álvaro Arzú. De igual forma actuaron frente al desconocido empresario y outsider político Carlos Pineda, quien ocupaba cómodamente el primer puesto en las encuestas incomodando al establishment guatemalteco.
Con los tres candidatos opositores más populares fuera de la contienda todo apuntaba a que la segunda vuelta se daría entre la ex primera dama Sandra Torres del partido de corte conservador UNE quien lideraba las encuestas, seguida por un empate técnico entre la ex diputada e hija del dictador Ríos Montt, Zury Ríos del partido Valor-Unionista, y el expresidente del congreso y diplomático Edmond Mulet del partido Cabal. Todos ellos directamente vinculados con el Pacto de Corruptos.
No obstante, los resultados del 25 de junio sorprendieron hasta a las encuestas más entusiastas cuando Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla, un partido socialdemócrata, progresista y verde fundado en 2017 que se ha caracterizado por sus fuertes posturas contra la corrupción, los oligopolios y el socavamiento de la democracia en el país pasaba a segunda vuelta con el 15.51% de los votos, quedando detrás de Sandra Torres que obtuvo el 39.10% de los votos.
Bernardo Arévalo, es un exdiputado por Semilla (2019), hijo del expresidente Juan José Arévalo Bermejo padre de “la primavera democrática” de 1944, proceso que rescato por primera vez la democracia en el país y se caracterizó por grandes avances sociales y políticos hasta su caída durante un golpe de Estado auspiciado por la UFCO en 1954.
Sin embargo, luego de su victoria en primera vuelta el Ministerio Público en alianza con la fiscalía suspendió la personalidad jurídica del partido Semilla por un supuesto caso de firmas falsas entre sus afiliados. Esta jugada no solo anula la participación de Arévalo en la segunda vuelta sino que también suspendía la adjudicación de cualquier cargo de elección popular como alcaldes y diputados.
A la par de ello, varios de los partidos miembros del Pacto de Corruptos denunciaron ante los entes rectores supuestos casos de fraude electoral, solicitando así el recuento de todas las actas y una posible repetición electoral que dejara por fuera al Movimiento Semilla. Pese a los intentos del establishment, la presión popular e internacional obligó al Ministerio Público a conceder un amparo provisional permitiendo a Semilla participar en la segunda vuelta electoral.
En segunda vuelta arrasó el Movimiento Semilla con el 61% de los votos frente a tan solo el 39% obtenido por Sandra Torres del partido UNE. A partir de allí se convocaron masivas manifestaciones pidiendo la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, el fiscal Curruchiche y otros jueces y magistrados ligados al pacto de corruptos. En medio de las protestas, Sandra Torres y otros ciudadanos interpusieron ante el Tribunal Electoral una nueva denuncia de fraude electoral solicitando un reconteo de los votos que se daría violando los mecanismos constitucionales.
Desde este momento se comenzaron a gestar acciones entre el presidente en funciones Giammattei los fiscales del Ministerio Público, miembros del pacto de corruptos y otros actores políticos e institucionales que buscan bloquear la transición de gobierno. En respuesta a ello, Semilla, asociaciones indígenas y ONG’s en el país convocaron a un paro nacional indefinido, señalando un intento de Golpe de Estado en contra de la voluntad expresada por los guatemaltecos y solicitando a la vez la renuncia de los fiscales y la transición al primer gobierno progresista desde la caída de la primavera democrática.
Hoy más de 3 meses después de la segunda vuelta presidencial, Guatemala sigue luchando en pro de las instituciones democráticas y el respeto a la voluntad expresada en las urnas. La transición hacia un gobierno de Arévalo no significa únicamente la consecución de un primer gobierno socialdemócrata desde la vuelta a la democracia, se trata de alcanzar las garantías democráticas e institucionales para dar paso a una transformación profunda de un sistema secuestrado por una élite corrupta. Junto con la presidencia de Arévalo, se espera la vuelta de decenas de jueces y periodistas en el exilio víctimas de una persecución política fruto de sus luchas contra la corrupción y la impunidad en el país, y así permitir una nueva Primavera Democrática, como la que protagonizó su padre Juan José Arévalo en 1944 frente a los abusos del poder y de la UFCO.