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La (no) descolonización del Sáhara Occidental

Según afirma la ONU, el Sáhara Occidental se trata del único territorio que España todavía debe descolonizar



El año pasado el gobierno de Pedro Sánchez realizó un cambio de dirección en lo que al asunto saharaui se refiere. Después de 40 años abogando por una neutralidad no siempre adecuada, el gobierno español apoyó a través de una carta la propuesta de autonomía marroquí, en contra de lo dictado por las Naciones Unidas, quienes defienden la necesidad de realizar un referéndum en el territorio saharaui para determinar su futuro.


Durante este último año la relevancia mediática hacia el Sáhara Occidental se ha ido diluyendo poco a poco, usada por los partidos políticos más como un arma arrojadiza que como una materia que realmente les preocupe. Entender el origen del conflicto y el papel de España en todo ello es clave para buscar la solución más adecuada.


Desde los años 70 España ha eludido su responsabilidad como potencia administradora dejando al desamparo al pueblo saharaui. Cabe recordar que el Sáhara Occidental fue un territorio español desde 1884, fecha en la que España lo adquirió en el reparto de la Conferencia de Berlín, hasta su retirada en 1974. Es más, el 14 de enero de 1958 el Boletín Oficial del Estado declaró al Sáhara Español una provincia más, considerando a sus ciudadanos como españoles de pleno derecho. Incluso se llegaron a expedir DNI a sus habitantes.



DNI español. Fuente: El País

Más adelante, en 1961, entró en vigor la Ley 8/1961, de 19 de abril, sobre organización y régimen jurídico de la provincia del Sáhara, mediante la cual se establecía la capital de la provincia en El Aiún y se recogían artículos como los siguientes:


Art. 4: La Provincia del Sahara gozará de los derechos de representación en Cortes y demás organismos públicos correspondientes a las provincias españolas.


Art. 10: La Provincia de Sahara estará integrada por términos municipales, administrados por Ayuntamientos; Entidades locales menores y Fracciones Nómadas.


Es decir, a pesar de seguir poseyendo sus particularidades, el Sáhara Español no difería en gran parte de Extremadura en cuanto a la administración se trata. Sin embargo, regir este territorio no fue tarea fácil. A finales de los 50 Marruecos comenzó a reclamar Ifni y el Sáhara como propios, dando comienzo a la Guerra del Ifni, la cual concluyó con el Acuerdo de Angra Cinta, en el que se cedía parte del territorio a Marruecos.



Carmen Sevilla visitando a las tropas españolas en el Ifni. Fuente: La Razón

Por otro lado, en 1963 la ONU declaró al Sáhara como un territorio no autónomo, estatus que mantiene hasta el día de hoy junto con otras 16 regiones más. Pero ¿qué significado tiene esta designación?


Tal y como recoge el artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas, los territorios no autónomos son aquellos “cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio”. El Sáhara comparte esta lista con otros territorios como Gibraltar o las Islas Malvinas.


A pesar de que la ONU reconociera el derecho de autodeterminación e independencia de todos los pueblos mediante la resolución 1514 (XV), España hizo caso omiso ya que no consideraba al Sáhara como un territorio colonial sino como una provincia más. Sin embargo, la ONU aumentó su presión en 1966 a través de la resolución 2229 (XXI), en la que insta a España a realizar un referéndum de autodeterminación tanto en el Ifni como en el Sáhara Español.


Fue durante esta época cuando nació el Movimiento para la Liberación del Sáhara, actualmente el Frente Polisario, con el objetivo de buscar la independencia fomentando el sentimiento nacionalista saharaui. En un origen se trató de una organización política, sin embargo, en 1973 adoptó la lucha armada como vía para conseguir dicha independencia.


En 1975, con la dictadura franquista a punto de terminar, los hechos se desencadenaron rápidamente. Por un lado, Marruecos y Mauritania reclamaban la soberanía del territorio mientras que el Tribunal Internacional de la Haya condenaba dichas pretensiones. Por otro, el Frente Polisario se manifestaba para lograr la independencia. Todo ello se sucedía mientras en España el futuro se planteaba incierto ante la inminente muerte del dictador.


Marruecos aprovechó este escenario de incertidumbre para lanzar la Marcha Verde el 6 de noviembre de 1975, formada por 350.000 personas y mediante la cual ocupó el territorio saharaui a pesar del dictamen de la Haya que determinaba que no existían vínculos históricos entre ambos.



Marcha Verde. Fuente: El confidencial

Unos días después, el 14 de noviembre, se firman los llamados Acuerdos de Madrid entre Marruecos, Mauritania y España, en los que se reparte el territorio de la hasta entonces 53 provincia española. No obstante, en estas conversaciones hay un actor que no está presente, el pueblo saharaui.


El conflicto no tardó mucho en estallar, España se retiró rápidamente del territorio dejando atrás a los que hasta entonces habían sido considerados como ciudadanos españoles y ahora habían pasado a ser gobernados por Marruecos o Mauritania. Las hostilidades comenzaron y en febrero de 1976 el Frente Polisario proclamó la República Árabe Saharaui Democrática, la cual forma parte de la Unión Africana y ha sido reconocida por más de 80 países, entre los que no se encuentra España.


En 1978 Mauritania renunció a sus pretensiones anexionistas, dejando vía libre a Marruecos para expandir aún más su territorio. Desde entonces, la ONU ha instado a Marruecos en numerosas ocasiones a que celebre un referéndum en el Sáhara, creando en 1991 un Plan de Arreglo que defendía esa propuesta y formando la MINURSO, una misión especial de la ONU aún vigente en la actualidad que busca cumplir con este mandato.


Sin embargo, los intentos no han logrado grandes avances ya que no se ha producido ninguna consulta que se ajuste a lo dictado por la ONU. El pueblo saharaui se ha visto obligado a desplazarse a campos de refugiados en la región de Tinduf, en el suroeste argelino. Se estima que más de 170.000 personas se encuentran en estos campamentos situados en medio del desierto, viviendo gracias al apoyo del gobierno argelino y la ayuda humanitaria.



Campamento saharaui en Tinduf. Fuente: RTVE

Llegados a este punto solo cabe preguntarnos lo siguiente, ¿qué está haciendo España ante esta situación? Al haber sido, y seguir siendo de acuerdo con la ONU, la potencia administradora del Sáhara Occidental, nuestro país tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento del mandato de las Naciones Unidas.


El olvido no es una opción. La deuda existente de nuestro país con el pueblo saharaui no hace más que aumentar a medida que sus voces se apagan bajo la bota marroquí, que reprime cualquier demostración de sentimiento nacionalista. Las Naciones Unidas y el Derecho Internacional llevan décadas solicitando la realización de un referéndum en donde los saharauis decidan acerca de su futuro.


Ponerse una venda sobre los ojos no va a hacer que el problema deje de existir. Con el reciente cambio de postura del gobierno español hemos presenciado como la real politik y los distintos intereses se han impuesto frente a los valores occidentales. No es este el único caso en el que Occidente ha aplicado esta doble moral para conseguir sus intereses, ya sean económicos o de control migratorio.


De nada sirve condenar una ocupación cuando por otro lado se está blanqueando la actuación marroquí en el Sáhara. España debe de estar a la altura de los acontecimientos y asumir la responsabilidad que acarrea, solo así cumplirá con el mandato de la ONU y saldará la deuda pendiente con los que, hasta hace 50 años, eran ciudadanos españoles.


El pueblo saharaui merece ser escuchado.


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