La polémica estalla en Cataluña ante la decisión de la Justicia generando circunstancias que recuerdan al 1 de octubre de 2017.
Parece que hubiera transcurrido un milenio desde la última vez que se aplicara el ya famoso y saboreado artículo 155 de la Constitución española. Fue el 27 de octubre de 2017, con destinatario Cataluña y remitente el Gobierno de España, dirigido por el Partido Popular de Mariano Rajoy. Refrescarán mejor la memoria por la evocación de los Loney Tunes de la autoridad, los tropiezos de las urnas sufragistas, las múltiples identidades de algunos electores catalanes o los ya no tan sorprendentes choques dialectales en línea entre los defensores del constitucionalismo y la Unión, y su contraparte separatista y golpista.
Porque fue precisamente la tropelía de aquellos infames ocho segundos de estelada República tras la celebración del referéndum ilegal para decidir la independencia de Cataluña los que fundamentaron la aplicación del mencionado artículo en lo que a todas luces se tradujo en un Golpe de Estado. Se consideró, por haber orquestado toda una trama por medios ilegales existiendo vías democráticas, que el por aquel entonces Presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, huido de la Justicia en Waterloo, y sus acólitos, todos ya condenados por la Justicia (Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sánchez, Carme Forcadell, Dolores Bassa, Jordi Cuixart, Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó) habían atentado gravemente contra, en palabras del legislador en el citado 155: “El interés general de España”. Continúa para estipular también que: “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes impongan (…), el Gobierno, (…) podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de las obligaciones o para la protección del mencionado interés general”. Derivado de las circunstancias y los hechos desarrollados el 1 de octubre de 2017 en el denominado procés, el Gobierno, con mayoría absoluta del Senado, puso en marcha la suspensión de la autonomía de Cataluña veintiséis días más tarde.
Unas negociaciones presupuestarias, unos indultos, unas concesiones y cinco años más tarde resuenan las mismas proclamas en la verdulería de los salones políticos y civiles. Esto se debe a la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que falló obligar a la escuela Turó de Drac a impartir un mínimo del 25% de las clases en español. Decisión sustentada en la denuncia de una familia oriunda de Canet de Mar cuyo hijo, escolarizado en dicho colegio, recibía todas sus clases en catalán y para el que solicitaron las clases en español. Una vez se dieron a conocer los hechos, la familia comenzó a ser acosada y señalada por parte de conciudadanos y políticos defensores de la inmersión. Aunque cabe resaltar que la obligación venía ya impuesta desde 2014 por el mismo órgano judicial para las escuelas y desde 2021, por rechazo del Tribunal Supremo a un recurso de la Generalitat, para todo el territorio regional.
A pesar de estas decisiones judiciales, que gozan de total efectividad y que deben ser por vinculantes acatadas, el Gobierno de Cataluña ha desafiado y puesto en solfa la credibilidad del poder judicial y, en consecuencia, el de la división de poderes de nuestro país. Hasta el momento ha abogado por eludir olímpicamente en el sistema educativo un 25% de clases en español que, en palabras de Pere Aragonès (actual Presidente de la Generalitat, sucesor de Puigdemont por el partido ERC), suponen un 155 educativo que busca romper el consenso. Se refería evidentemente al consenso unilateral del discurso impositivo secesionista, en el que el concepto implica una interpretación orwelliana, pues entienden por consenso, opinión; y por opinión, consenso. Decía Montesquieu en su obra Del espíritu de las leyes que “tampoco existe libertad si la potestad de juzgar no está separada de la potestad legislativa y de la ejecutiva”, así como que “unida a la potestad ejecutiva (…) podría alcanzar la fuerza del opresor”. La injerencia del poder ejecutivo nunca puede ser sino sinónimo de tiranía en una democracia representativa.
Es por esta razón que, ante la nula reacción y por menos acción del Gobierno central y, en pie de lucha contra lo que argumentan como prácticas políticas discriminatorias por parte de aquellos que excluyen la enseñanza en español por razones ideológicas, la plataforma Escuela de Todos, conformada por quince asociaciones defensoras el bilingüismo, convocó una manifestación en Barcelona este 18 de septiembre. A lo largo y ancho del Paseo de Lluís Companys se expandió un ambiente reivindicativo teñido de rojigualda y cientos de pancartas con mensajes tales como: “En català i en castellà”; “No a la inmersión”; o “Español, lengua vehicular”. Ya sea por las 2.800 personas contabilizadas por la Guardia Urbana o las 120.000 estimadas por la organización, entre ellas representantes políticos de ámbito nacional y regional de los partidos Ciudadanos, Populares y Vox, la ciudad vibró a ritmo de Manolo Escobar. Las conclusiones extraídas de este clamor ciudadano fueron, para no variar, dicotómicas. El sector independentista señaló de ridícula la asistencia y las reclamaciones, afirmado el compromiso del Govern para con la causa catalanista y la utilización de todas las herramientas al alcance para la defensa jurídica de la lengua cooficial. Por otro lado, el constitucionalismo celebró el éxito de la manifestación con las palabras sentenciosas a modo de cierre de Ana Losada, Presidente de la plataforma en cuestión: “Es el fin de la escuela monolingüe”.
Lo que ahora depara al periplo entrelazado de español y catalán, si bien pudiera parecerlo, no dependerá de un marco normativo o una regulación impuesta con dudosos fines. Será cada uno de los sujetos que constituyen la comunidad catalana quienes escojan todos los días, en cada una de sus frases, para los entremeses y las sobremesas, para las diatribas, elegías o declaraciones románticas el futuro de una realidad social que aspira a ser democráticamente bilingüe, abiertamente integradora como históricamente ha demostrado, y ejemplo de convivencia y civismo.