Transfuguismo para (no tan) principiantes
Actualizado: 28 ene
En vistas de las elecciones municipales que se aproximan, los partidos presentan sus candidatos, entre los que se 'cuelan' algunos tránsfugas
Considerar al gobierno fruto de la decisión de las urnas como ilegítimo, acusar de comunista o fascista al adversario político e incluso el insulto en el Congreso. En España hemos aceptado como normales prácticas totalmente dañinas para nuestra democracia, jugando, en definitiva, con el sistema como si se tratase de un juguete que acaba de caer en las manos de un niño de dos años que pronto acabará por romperlo. Somos brutos con la democracia y si hay algo que nos está salvando es que por suerte la democracia no es igual de frágil que un juguete.
Aceptado como normal todo lo que se ha enumerado, en los últimos meses (si no años) estamos asistiendo a la normalización de una práctica que, por seguir con la metáfora del niño y el juguete, equivaldría a eso que acostumbran a hacer los niños con todo lo que les causa especial curiosidad: lanzarlo al suelo con fuerza. Estamos hablando del transfuguismo y de su inserción en el panorama político español como una práctica normal, habitual y “perfectamente legítima”, pero que sólo consigue incrementar la desafección de la población con la política, haciendo que acepten tesis como la que dijo eso de que "la política es el arte de disfrazar de interés general el interés particular"
La RAE, fiel a su criterio de neutralidad, se limita a definir el transfuguismo como “actitud y comportamiento del tránsfuga, especialmente en la vida política”. Pero uno no puede llegar a entender la dimensión de este fenómeno si se quede exclusivamente con estas líneas. Esa actitud del tránsfuga -como se refiere a ella la RAE- consiste en ese comportamiento de determinados dirigentes políticos que optan por cambiar de formación política en mitad de un mandato manteniendo igualmente los cargos públicos y correspondiente sueldos y privilegios- que obtuvieron militando en otra formación.
En los últimos meses, los periódicos han estado llenos de este tipo de casos con un claro protagonista: Ciudadanos. Sus representantes en multitud de comunidades autónomas, viendo que, tal y como reflejan las encuestas, el futuro del partido es verdaderamente incierto, han optado por cerrar sus “fichajes” al Partido Popular como forma de poder seguir en la vida política.
Uno de los casos más sonados ha sido el de Ignacio Gragera, alcalde de Badajoz. El actual líder del consistorio de la ciudad pacense anunció hace algunas semanas, en compañía de María Guardiola -líder del PP en Extremadura- y Antonio Cavacasillas -coordinador del partido en la ciudad- su futura campaña para continuar como alcalde de la ciudad presentándose por el PP. Hasta ahí todo bien: un alcalde en ejercicio anuncia que se presenta a la reelección bajo las siglas de un partido perfectamente democrático. El problema viene cuando analizamos el caso, y vemos que Gragera se presentó a las elecciones municipales bajo la marca de Ciudadanos, que fue investido alcalde con los votos de su entonces partido junto a los de PP y el ex-edil de VOX, y que su “fichaje” por el PP se ha fraguado todavía con la legislatura sin concluir -pese a que durante toda la legislatura negó que fuese a cambiar de afiliación- y sin dimitir del cargo que obtuvo por presentarse con otras siglas, continuando con su agenda como si no hubiese pasado nada, aunque para su antigua formación hubiese supuesto acabar de perder -sin urnas de por medio- su segundo cargo más relevante a nivel municipal.
Otro caso relativamente sonado ha sido el de los diputados por la formación UPN (Unión del Pueblo Navarro) Carlos García Adanero y Sergio Sayas, quienes, tras ser sancionados por su formación por votar en el pleno del Congreso de los Diputados sobre la Reforma Laboral en sentido contrario al que la dirección les indicó - favorable, previo acuerdo con el PSOE- fueron suspendidos de militancia durante años y seis meses. Estos dos diputados no sólo no dimitieron de sus escaños -en los que a día de hoy continúan- sino que hace unos días anunciaron su fichaje por el PP, pasando a ser Adanero el candidato de la formación popular a la alcaldía de Pamplona.
El transfuguismo -o mejor dicho, su condena-, tristemente, no es un debate que esté actualmente presente entre la ciudadanía, principalmente porque no somos conscientes de la gravedad que suponen estas prácticas o porque lo achacamos al mundo del juego político, realidad siempre ajena a nosotros. Pero esta realidad sienta el precedente de que, a través de cargos, dinero o privilegios, se puede pervertir la voluntad popular emanada de las urnas. No estamos hablando de diputados que se saltan la disciplina de voto para, aunque desobedezcan a sus partidos, mantener intactos sus principios, estamos hablando de dirigentes que cambian de formación en mitad de legislatura -abriendo la puerta a que, por ejemplo, formaciones que necesiten una determinada mayoría para ser investidos, puedan conseguir esos votos a través de la promesa de cargos o beneficios, aunque se logre a través de articular una mayoría ajena a la voluntad de las urnas-, estamos hablando de una forma de corrupción más aceptada que - por ejemplo- apropiarse de dinero público, pero tan grave como esta.
Somos como ese niño de dos años que lanza su juguete contra el suelo una y otra vez, sin parar, confiando en una indestructibilidad que ese juguete no posee, hasta que, como él, acabemos enfadados y llorando porque el juguete se ha roto, sin saber a quién echarle la culpa porque, muy en el fondo, sabemos que quién ha roto el juguete hemos sido nosotros.